El Gobierno nacional modificó la normativa central del sistema de riesgos del trabajo, una decisión que impactará directamente en el cálculo de las indemnizaciones que reciben los trabajadores por accidentes o enfermedades laborales. A través del Decreto 549/2025, se aprobó una nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (Baremo Laboral).
Esta nueva tabla sustituye a la que estaba vigente desde 1996 y establece los porcentajes de incapacidad que luego se utilizan para determinar el monto de la reparación económica. La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei, fue aprobada tras la intervención del Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (CCP).
VIGENCIA Y APLICACIÓN
El decreto indica que la nueva tabla entrará en vigencia a los 180 días corridos desde su publicación, es decir, a partir de febrero de 2026. Se aplicará a toda valoración de incapacidad laboral que no haya sido dictada hasta ese momento, tanto en sede administrativa como judicial.
OBJETIVO: UNIFICAR CRITERIOS
El texto oficial fundamenta la modificación en la necesidad de actualizar los criterios de evaluación en línea con los avances tecnológicos y científicos. Se busca «garantizar la objetividad y precisión en la valoración del daño sufrido por el trabajador, con un criterio uniforme y racional».
La nueva normativa faculta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) a dictar las normas complementarias para su implementación y a ejecutar planes de formación para los Cuerpos Médicos Forenses y Peritos Médicos Oficiales.
Además, el decreto invita a las provincias a crear o integrar estos cuerpos médicos para que la valoración del daño psicofísico se realice de manera homogénea en todo el país.
Según el texto, el objetivo es reducir la discrecionalidad y la litigiosidad, aunque desde los gremios se mira con atención cómo estos nuevos porcentajes afectarán el bolsillo del trabajador accidentado.
¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO CÁLCULO?
La nueva normativa exige que cada secuela física o psíquica se mida con un porcentaje de incapacidad fijo, eliminando los rangos o intervalos. Según el Gobierno, esto busca reducir la discrecionalidad del evaluador, aunque también podría limitar la evaluación de la gravedad de cada caso particular.
El grado final de incapacidad ya no será una simple suma. Se usará la metodología de “Capacidad Restante”, que combina los porcentajes de diferentes secuelas (leve 5%, intermedia 10% y alta 20%); además, se sumarán factores de ponderación como la edad del trabajador, el tipo de actividad y sus posibilidades de reubicación laboral.
El anexo del decreto detalla los nuevos criterios para todo tipo de lesiones, desde problemas osteoarticulares y de piel hasta capítulos de psiquiatría y toxicología, definiendo un nuevo marco para la valoración del daño.
