“Voy a pelear con todas las armas que tengamos para defender nuestros mares”, aseguró el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, al respaldar el posicionamiento de rechazo que hicieron público los gobernadores patagónicos.
Dijo que se debe hacer una defensa muy fuerte de los recursos pesqueros para evitar que “vengan a extraer nuestros recursos y llevárselos” acotando que se debe preservar y “cuidarlos para generar la mano de obra para que nuestros vecinos trabajen en la elaboración de la materia prima extraía del mar. Esta es una de las grandes equivocaciones, una más a las ya sumadas, que lleva el gobierno nacional en estos pocos días”, cuestionó Sastre.
En esa misma línea, el jefe comunal advirtió que “vamos a hacer un acompañamiento a nuestros gobernadores patagónicos y al gobernador de Chubut que están marcando un hecho que hará mucho daño y que preocupa a la región”.
El madrynense sostuvo que “los patagónicos entendemos que se quiere tocar un recurso que para nosotros es una pata fundamental de la economía regional que no vamos a resignar ni entregar como pretenden algunos que viven muy lejos”. “No podemos permitir que desde un sillón de Buenos Aires puedan querer hacer con una industria tan esencial para nosotros estas cosas”, aseguró.
EL STIA ALERTA Y MOVILIZADO
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) convocó en su sede de Puerto Madryn a una asamblea informativa ante la preocupación creciente por las consecuencias que este esquema propuesto por el gobierno de Javier Milei, causaría en la actividad.
“La Comisión Directiva, el cuerpo de delegados de comisiones internas, los trabajadores y trabajadoras de la Alimentación, repudiamos el intento de extranjerizar nuestro mar argentino, rifando al mejor postor nuestros recursos y permitiendo que embarcaciones de banderas extranjeras pesquen y se lleven sin descargar ni procesar nuestros frutos marinos”, cuestionaron desde la organización sindical.
Cientos de trabajadores se movilizaron a la sede gremial para conocer el impacto que esta reforma libertaria plantea. “El proyecto de Ley que pretende el presidente Javier Milei, es un mamarracho entreguista neocolonialista que pretende el libre saboteo a nuestra Zona Económica Exclusiva”, señalaron desde el gremio de la alimentación.
El STIA pide el compromiso de diputados y senadores nacionales por la provincia que voten en contra de la propuesta de Milei. “Rechazamos de pleno la iniciativa de la Ley Ómnibus y exigimos lo mismo de los legisladores nacionales por Chubut”, mencionaron.
CIMA PATAGONIA SE OPONE
Desde otro sector, la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia se pronunció señalando las consecuencias que acarrearían las modificaciones al Régimen Federal de Pesca impulsado por el Ejecutivo Nacional.
“Impactaría negativamente sobre la sustentabilidad de la cadena de valor de la industria en forma inexorable e inmediata, al abrir el acceso del Mar Argentino de la forma planteada. Asignar cuotas de captura licitando internacionalmente al mejor postor, afectaría la sostenibilidad de los recursos”, enfatizaron desde la entidad.
CIMA Patagonia sumó críticas al advertid que “no requerir desembarque en puertos argentinos, posibilitaría evasión fiscal y pesca ilegal. Poner fin a la Zona Económica Exclusiva, ignorando el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni las características de las empresas titulares de los buques, tendrían efecto nefasto no solo sobre la pesca sino también sobre la Industria Naval, Alimenticia y todos los anillos de influencia del sistema económico”, enumeraron.
“Nuestros recursos naturales con trabajo argentino deben ser la base para el desarrollo de la cadena de valor de la industria nacional, donde la marca Argentina se inserte en el mundo, generando trabajo y bienestar para los argentinos y se debe legislar en ese sentido”, analizaron desde la Cámara Industrial y Comercio Exterior.
PREOCUPACIÓN DEL PUERTO Y CAPIP
El titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), Diego Pérez, y el representante de la Cámara Argentino Patagónica de la Industria Pesquera (CAPIP), Luis Pérez, mantuvieron este miércoles un encuentro de trabajo que tuvo como eje central el análisis de las diversas medidas propuestas por Nación en relación con la industria pesquera, las cuales fueron incluidas dentro del proyecto de Ley Ómnibus.
Durante la reunión, los referentes de ambos organismos expresaron su preocupación respecto del peligro que representan las iniciativas propuestas, dado que impactarían negativamente en la soberanía, los recursos y la actividad pesquera de las provincias patagónicas.
En tal sentido, Diego Pérez expresó que “la unidad entre los representantes del puerto y la industria pesquera refleja la importancia de trabajar de la mano para salvaguardar los intereses regionales y nacionales: la defensa de la soberanía y la preservación de los recursos marinos se posicionan como objetivos fundamentales en este escenario”, precisó.
Además, señaló que “el respaldo de las autoridades locales fortalece nuestra postura en contra de cualquier tipo de medidas que puedan poner en riesgo el desarrollo sostenible de la actividad pesquera en la región patagónica”.
AFECTARÁ LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
El abogado de Puerto Madryn, José Ignacio Bellorini, especialista en Derecho Tributario, consideró que “las medidas fiscales propuestas en el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos han dejado al complejo industrial pesquero -literalmente hablando- fuera del juego exportador con valor agregado”.
Analiza en tal sentido que “no se trata ya de discutir si es o no constitucional la introducción de asuntos tributarios mediante la fijación de alícuotas en cabeza del Presidente de cara a las prohibiciones fijadas por el artículo 76 de la Constitución Nacional -aspecto que promete un interesante debate judicial y cuya punta del iceberg ya ha fijado la Corte Suprema-, sino porque la pesca con valor agregado deja de ser internacionalmente competitiva”, advierte.
Bellorini sostiene que “se debió ponderar los efectos negativos de cara a la competitividad en las exportaciones con valor agregado, porque castigan la integración vertical de productos procesados en las plantas industriales pesqueras radicadas en la Patagonia y el complejo Mar del Plata”.
El abogado de estrecho vínculo con la industria pesquera destacó el reciente pronunciamiento conjunto a nivel regional de cinco provincias. “Resulta formidable el posicionamiento asumido por los gobernadores patagónicos, liderados por Ignacio Torres, y todo el sector exportador pesquero marcando una profunda preocupación regional, lo que asegura una prometedora batalla judicial entre dos modelos exportadores”, concluyó.
