El hallazgo en la costa uruguaya de una botella arrojada por un tripulante del pesquero chino Lu Qing Yuan Yu 765 pidiendo “socorro” sigue generado repercusiones y poniendo al descubierto una oscura trama de vínculos. Ese buque potero opera en la Milla 201 y llevaría al menos dos años sin recambio de la tripulación.
“Desde hace al menos dos décadas que el Puerto de Montevideo es base de flotas de pesca no regulada de aguas distantes (DWF, por sus siglas en inglés). Usualmente, pueden verse allí embarcaciones con pabellón de China, Corea del Sur, Taiwán y España, pero también con otros pabellones conocidos como Banderas de Conveniencia (FOC, por sus siglas en inglés): Belice, Vanuatu, Panamá, etc”, señala un reciente informe del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) firmado por el especialista Milko Schvartzman.
“Las embarcaciones pesqueras de bandera uruguaya están en extinción, en los últimos años la industria nacional se contrajo un 49%. Montevideo es elegido por estas flotas, por un lado, por el Régimen de Puerto Libre, que exime de impuestos a la flota pesquera extranjera; y por el otro, debido a la ausencia de controles o inspecciones en los barcos, sean estos sanitarios, ambientales o de seguridad a la navegación”, detalla el trabajo al tiempo de precisar que “muchas de las embarcaciones que van a puerto ni siquiera tienen chalecos salvavidas, ni su nombre inscripto, entre otras cosas. En Montevideo, la representación legal y el apoyo logístico, incluyendo el encubrimiento de muertes a bordo, la pesca ilegal y ‘accidentes’, es realizado por un grupo de empresas denominadas Agentes Marítimos, mayormente de capitales extranjeros”.
Schvartzman sostiene que “el Lu Qing Yuan Yu 765, el buque de origen del tripulante que emitió un mensaje de S.O.S en una botella encontrada recientemente en una playa del Departamento de Maldonado es representado legalmente y abastecido en Uruguay por la Agencia Marítima Christophersen, parte del Grupo Christophersen, también conocido como CHR Group”.
“CHR es una empresa encargada de representar a muchos barcos involucrados en casos de abuso a los derechos humanos que arriban a Uruguay. Por mencionar algunos casos: En 2014, CHR representó al Jia De 1, un pesquero chino del que los 28 tripulantes africanos escaparon y denunciaron ser golpeados a bordo: tenían marcas de grilletes en los tobillos”, añade el informe del CPA. “Durante 2016 CHR representaba a los barcos taiwaneses que traficaban trabajadores esclavos norcoreanos a través del Puerto de Montevideo. En 2019 CHR representó al pesquero Ou Ya 17 (de bandera China) que descargó un tripulante fallecido por edema pulmonar”, cita cronológicamente y menciona que “a su vez, en 2021 representó a otro pesquero chino cuyo tripulante fue abandonado muerto en el puerto. Y así con innumerables barcos con los peores prontuarios. CHR Group son “distribuidores oficiales de ANCAP para barcos de bandera extranjera”. ANCAP es la petrolera estatal uruguaya. Asimismo, es dueña de varios de los tanqueros que aprovisionan la flota de pesca no regulada en el Atlántico Sur. CHR, a través de su filial Fewell SA, también ha sido beneficiada con las obras de desguace de embarcaciones en el Puerto de Montevideo”, aporta como otro dato importante.
“CHR es parte del grupo que maneja el mayor complejo ferroviario de Uruguay, el transporte de pulpa de celulosa al Puerto de Montevideo desde la pastera UPM2, una concesión por 22 años y más de mil millones de dólares, junto a Cointer y Deutsche Bahn (del Estado alemán).
El CEO y socio de Christophersen es el argentino Guillermo Jacob, antes conocido como ‘el rey del calamar’, por su papel en la pesca en Argentina, y también por haber financiado la campaña política del candidato a Intendente de Mar del Plata Fernando Gutiérrez en los ’90”, recuerda Schvartzman en su informe.
Asimismo, se indica que “en 2019, Christophersen donó un millón de dólares a la campaña presidencial del actual presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. Sólo entre 2013 y 2018, los pesqueros extranjeros descargaron en promedio cerca de un tripulante muerto por mes, según datos oficiales de la Armada de Uruguay. Desde enero de 2023, la Administración Nacional de Puertos de Uruguay ha cambiado el sistema de registro de los arribos a puerto, por lo que toda la información referente a estos casos no es de accesible desde su sitio web como hasta entonces, lo que dificulta ejercer el derecho a la información referida a cuestiones ambientales y de derechos humanos, ratificada por Uruguay en el Acuerdo de Escazú”.
“Los casos de trata y esclavitud en la pesca en el Puerto de Montevideo son tan abundantes que el tema ha sido señalado en el Reporte anual sobre Tráfico de Personas publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que Uruguay es calificado con bandera amarilla. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) también ha puesto a Montevideo entre los peores puertos del mundo en diferentes investigaciones. Pero, mientras la pesca ilegal y la esclavitud en pesqueros sean un negocio para algunos, el de Montevideo seguirá siendo un puerto asociado al crimen organizado”, concluye.
