Es porque la reglamentación a los incisos del artículo de la Ley de Pesca que autorizó su otorgamiento fue posterior a la convocatoria de presentación de proyectos, y cuando la comisión ‘ad hoc’ ya había sido reunida y tomado contacto con las propuestas.
Si el Gobierno de Chubut avanza, a través de la Secretaría de Pesca, firmando las nuevas concesiones sin haber realizado una ‘nueva convocatoria’, el proceso administrativo podría quedar viciado de nulidad y pasible de revisión judicial; según interpretan especialistas en derecho administrativo.
TODO COMENZÓ UNA MADRUGADA
Un rápido racconto nos remite, primero, a la madrugada del 23 de diciembre de 2022, cuando entre gansos y medianoche, la Legislatura aprobó en una maratónica sesión, la nueva Ley de Pesca de Chubut IX- N°157.
Allí en su Artículo 34, para el caso de buques de flota amarilla de hasta 21 metros de eslora, se estableció que en la jurisdicción provincial habrá un máximo de cuarenta (40) permisos; “reconociendo la titularidad de los permisos vigentes a la promulgación de la presente Ley”, es decir, 37 licencias que son las que están hasta ahora; “el excedente de permisos (tres) será otorgado por la Autoridad de Aplicación en el marco de la presente Ley y conforme prevea la reglamentación”, señala puntual y categóricamente la redacción de la norma aprobada por los diputados y promulgada el 20 de enero de 2023.
Un dato no menor, la nueva Ley de Pesca no fue promulgada por un acto de aprobación del Poder Ejecutivo, sino que quedó promulgada automáticamente por el paso del plazo máximo que no fue devuelta, según prevé la Constitución de Chubut en el procedimiento promulgación de leyes.
INVITAN A PRESENTAR PROYECTOS
Continuando con la cronología de hechos fácticos, la Secretaría de Pesca que conduce Gabriel Aguilar, convocó el 24 de febrero del corriente año, a la CAPIP y Cámara del Golfo San Jorge, y los gremios STIA y Siconara, a una primera reunión “con el objetivo de dar tratamiento de manera conjunta a la inminente designación de los permisos de pesca contemplados por la nueva normativa pesquera”, según consignó el propio gobierno.
En tanto, el 28 de febrero, Aguilar remite, solamente a la CAPIP, la nota 46/23 SP de “invitación” a la presentación de proyectos pesqueros por el término de 10 días hábiles, hasta el 17 de marzo de 2023″ para la asignación de esas tres licencias de pesca.
No se trató de una licitación, ni siquiera un concurso público, fue una invitación “cerrada” a determinadas empresas, sin que a ese momento estuviese reglamentada la nueva normativa pesquera que habilitó la creación de los permisos en cuestión.
SE REÚNE LA COMISIÓN CONSULTIVA
Posteriormente, el 30 de marzo de 2023, Aguilar se reunió con representantes del sector pesquero local, según ventiló la Subsecretaría de Información Pública en el sitio oficial del Gobierno, dando cuenta que en la oportunidad se recibieron los 16 proyectos de empresas interesadas en explotar esas concesiones estatales que son las licencias de pesca, y las 16 carpetas se exhibieron ante la ‘comisión ad hoc’, que según dijo el Secretario de Pesca se creó por expreso pedido del gobernador Mariano Arcioni.
Hasta aquí, ya se realizó la convocatoria de proyectos, las empresas elevaron sus propuestas para evaluación y la Secretaría de Pesca se las mostró a la comisión consultiva.
EN JUNIO NACE LA REGLAMENTACIÓN
Más tarde, el 29 de mayo se firma el Decreto N° 595 por el que se reglamentan dos incisos del Art. 34 de la Ley de Pesca IX-157; y ese instrumento se publica en Boletín Oficial el 5 de junio.
La reglamentación, que entró en vigencia en el mes de junio, recién “crea por única vez en el ámbito de la Secretaría de Pesca, una comisión ad hoc que se integrará por la autoridad de aplicación, CAPIP, CAFACh, STIA, SICONARA, Cámara de Empresas Pesqueras del Golfo San Jorge y la Asociación de Pescadores Artesanales de Rawson”.
Es decir, la comisión ad hoc fue creada legalmente en junio, pero fue convocada y se reunió en febrero y marzo para analizar las propuestas de las empresas.
Además, y acá aparece un dato sobresaliente, el decreto reglamentario amplía los requisitos exigibles para los postulantes a los permisos que crea la nueva Ley de Pesca, aplicando ‘nuevos criterios de selectividad’ de los proyectos.
En el mes de marzo se presentaron los 16 proyectos sobre la base de requisitos expuestos por Gabriel Aguilar en la nota que envió a las empresas el 28 de febrero, y el 5 de junio se establecieron ‘nuevos criterios’ para seleccionar esas propuestas hechas 90 días atrás.
Surge de esta manera que en todo el proceso se colocó ‘el carro delante del caballo’, y esto abriría las puertas a extensísimas reclamaciones judiciales.
MILLÓNES ‘VERDES’ EN DANZA
El Decreto N° 595, reglamentando dos incisos de un artículo de la Ley de Pesca, no lograría sanear la convocatoria a proyectos hecha, previamente, sin la existencia de una reglamentación en vigencia.
El llamado a proyectos para acceder a los permisos se hizo en febrero, sin tener una fuente normativa que la ampare hasta ese momento. Con lo cual, según refieren especialistas en derecho administrativo consultados por este medio, quedan dos vías de resolución posibles: la ‘nulidad absoluta’ del proceso o una ‘nueva convocatoria’ a presentar proyectos, ahora sí bajo las nuevas reglas impuestas.
Con todo, los tres nuevos permisos de pesca, valuados en varios millones de dólares, siguen sin alumbrar, y sometidos a escrutinio público, no sin pocas sospechas.
