La Cámara Pesquera Argentina – Armadores Langostineros Federales Argentinos (CAPEAR-ALFA) advirtió sobre la “situación crítica” que atraviesa la industria pesquera y reclamó medidas urgentes para recuperar competitividad.
En una nota enviada al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, la entidad solicitó su intervención ante el Gobierno nacional para incluir al sector en el esquema de retenciones cero recientemente otorgado al agro.
Los armadores recordaron que el Decreto 682/2025 suspendió las retenciones a las exportaciones de granos hasta alcanzar un cupo de 7.000 millones de dólares o hasta el 31 de octubre, pero dejó afuera a la pesca, pese a ser “otro sector netamente exportador”.
PRESIÓN IMPOSITIVA Y SOBRECOSTOS
“Esta era una oportunidad inmejorable para incluir a la pesca en un esquema de retenciones cero, que permitiera demostrar competitividad, acelerar la liquidación de divisas y fortalecer el ingreso de dólares genuinos”, señaló CAPEAR ALFA.
La cámara subrayó que la zafra de langostino se encuentra en etapa de cierre con importantes volúmenes por liquidar, aunque el sector enfrenta una elevada presión impositiva, sobrecostos laborales, ART desbordadas y una creciente judicialización que, aseguran, asfixia a las empresas.
REFORMA LABORAL
En su planteo, la entidad reclamó además una reforma laboral e impositiva que otorgue previsibilidad, la normalización del sistema de riesgos de trabajo y la eliminación de los mecanismos que fomentan la “industria del juicio”.
“La pesca no sólo genera divisas: sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos y representa a Mar del Plata en el mundo”, remarcaron los armadores, al tiempo que pidieron que se le otorgue al sector la misma lógica estratégica aplicada al agro.
REQUERIMIENTOS
- La inclusión inmediata del sector pesquero en el esquema de retenciones cero, al menos por un plazo equivalente al otorgado al agro.
- Una reforma laboral e impositiva urgente, que permita previsibilidad, simplificación y reducción de costos para las empresas.
- La normalización del sistema de ART, hoy desbordado y desalineado con la realidad operativa de la industria.
- La eliminación de incentivos perversos que fomentan la industria del juicio, que atentan contra la sostenibilidad del empleo formal.
