Un escenario de creciente inseguridad jurídica e incertidumbre es lo que generan las recientes medidas de fuerza adoptadas por las organizaciones sindicales que enrolan a los estibadores de la provincia de Santa Cruz.

Hay preocupación en el sector privado por el unilateral mecanismo que tiene la estiba para plantear reclamos, por fuera de la normativa y la legislación laboral, generado severos perjuicios económicos a la industria pesquera exportadora, al tiempo que esos accionares desmedidos no son contenidos o sancionados por la autoridad provincial que regula las relaciones laborales, lo que a la postre termina convalidando ese tipo de maniobras.

A comienzos de mes, los estibadores de Puerto Deseado resolvieron bloquear la carga de contenedores para exportación para que una empresa pesquera se vea obligada a otorgarles una compensación extraordinaria por no haber llevado a ese puerto a desembarcar todos sus barcos durante la temporada de langostino en aguas nacionales.

Concretamente, se trató de una medida de fuerza ilegal que no fue declarada ante el Ministerio de Trabajo, sino que fue una especie de apriete para que la firma Pesquera Deseado les abone a los estibadores una suerte de ‘compensación’ por no haber llevado a Santa Cruz todos los buques que participaron de la pesquería de langostino. Pero el bloqueo de carga de contenedores no fue una acción contra la empresa a la que le hacían el reclamo, sino que afectó a otras que nada tenían que ver con la cuestión.

Cabe recordar que oportunamente, determinadas empresas pesqueras suscribieron un compromiso de buena voluntad de llevar hasta esos puertos la mayor cantidad de barcos, pero al tratarse de buques con permisos nacionales que pescan en aguas nacionales, pueden elegir cualquier puerto del país para desembarcar sus capturas.

Nadie la pone el cascabel al gato. Esas irracionales prácticas, claramente por fuera de cualquier normativa laboral, hace que diferentes empresas con radicaciones industriales en Santa Cruz hayan transmitido su malestar a las autoridades pesqueras nacionales, ya que incluso ellos habían incentivado que se firme ese compromiso de llevar barcos para sostener la actividad portuaria, pero no era una exigencia taxativa, porque el Régimen Federal Pesquero así no lo plantea.

Esta preocupación del sector privado prevén también transmitírsela en breve al gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, a quien le harán saber que la continuidad en el tiempo de ese tipo de maniobras, lejos de incrementar el volumen de descargas pesqueras en esa provincia, más bien provocará el efecto contrario, que más empresas opten por abandonar los puertos santacruceños para su operatoria.

Compartir.
Dejar un comentario

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here