Puerto Deseado vuelve a quedar en el ojo de la tormenta, y en la vidriera nacional, por una nueva escalada de conflictividad que tiene al sindicalismo de la estiba de ese puerto como protagonista. Exportadores de la industria pesquera se han visto impedidos de despachar contenedores y el buque mercante abandonó el puerto santacruceño, con las consecuencias comerciales que ello implica.
La situación no es nueva, ya que desde hace meses se verifican prácticas de este tipo en esa provincia patagónica, lo que obliga a muchas empresas a comenzar a replantear sus inversiones en esa jurisdicción, máxime cuando desde el Estado no se adoptan medidas correctivas o se asegura el cumplimiento de la ley.
En este marco, se pronunció la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA) advirtiendo que, “desde hace años, y en reiteradas oportunidades, los afiliados a esta cámara empresaria con plantas de procesamiento, frigoríficos y buques radicados en la localidad de Puerto Deseado, sufren acciones directas contra sus patrimonios, su normal funcionamiento, que atentan contra la totalidad de las empresas afiliadas a nuestra cámara, y por ende contra nuestra comunidad”.
En esta oportunidad, señalan el accionar del gremio de estibadores en Puerto Deseado Santa Cruz Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP) “ha impedido que se carguen al buque mercante los contenedores con las distintas producciones y, de esta forma, se perdió la posibilidad de exportar en tiempo y forma”.
Asimismo, precisaron que la compañía naviera ha decidido que el buque mercante se vaya del puerto y continue su viaje sin poder cargar los contenedores de la pesca. “Como prueba irrefutable de esto, contamos con los emails de las empresas que aseguran que dicho sindicato no cumple con su labor. Esto nos genera un perjuicio enorme para nuestra actividad: no se puede cumplir con las ventas, facturar y, por consiguiente, tampoco cobrar ni cumplir con los compromisos pactados con anterioridad”, plantean desde CAPECA.
“La ilícita y arbitraria forma de proceder del SUEPP muestra un total desprecio por las empresas que invierten, operan y emplean gente en la localidad, generando una inseguridad jurídica alarmante sumado al aumento de costos operativos, daños y perjuicios sobre la mercadería en tránsito e innumerables pérdidas para la empresa”, cuestionan.
“Toda esta permanente forma de operar atenta no solo con nuestra actividad, sino que también con el normal desarrollo de la comunidad de Puerto Deseado, sus habitantes y el comercio local, al no poder exportar, y por consiguiente también impedir la liquidación de divisas por exportaciones que tanto necesita nuestro país”, añade el pronunciamiento. Ante estas circunstancias desde CAPECA reclamaron “la urgente intervención de las autoridades locales para ordenar el conflicto, con un cese inmediato de amenazas e intentos de impedir las descargas, cargas y consolidación de contenedores a su cauce normal y habitual”.