El síndico del concurso preventivo de la empresa FyRSA aprobó la transferencia accionaria a favor de Tomás Oliver y una joven monotributista de Trelew, de estrechó vínculo con un abogado del STIA, que en septiembre del año pasado tomaron el control de la pesquera, aunque después intentaron desentenderse.
La empresa concursada y con un abultado pasivo tuvo un cambio de mando cuando se produjo la cesión del 100% del paquete accionario de Marcelo Figueroa y Daniel Rodríguez a Tomás Oliver y Karen Paola Mariel Velázquez.
Por diferentes incumplimientos y la caída de planes de pago en la etapa concursal, la sociedad anónima habría quedado al borde de la quiebra, acción que podría ser impulsada por cualquiera de sus acreedores.
El 27 de septiembre de 2022 se firmó en Puerto Madryn el Contrato de Cesión de Acciones, en favor de Karen Paola Mariel Velázquez, una joven domiciliada en la calle Corrientes del barrio Sarmiento de Trelew, y Tomás Oliver, el empresario pesquero de Rawson. En aquel momento trascendió que el STIA tuvo un rol protagónico en la operación, ya que dirigentes de esa entidad habrían sido, en parte, gestores del cambio de manos de la sociedad. En el contrato en cuestión, aparece representando a los compradores, un letrado que patrocina al gremio.
Las participaciones accionarias quedaron distribuidas en la siguiente proporción: “Carlos Tomás Oliver: 275.000 acciones, que representa el 25% del Capital Social de FyRSA. Karen Paola Mariel Velázquez: 825.000 acciones, que representan el 75% del Capital Social de FyRSA”.
Toda esta cuestión terminó privando a la empresa FyRSA que dos grupos empresarios alquilaran la planta y la hicieran funcionar, y en ese fracaso habría sido determinante la participación de la dirigencia del STIA que presionó para que la empresa pase a manos de ‘Tomasito’ y una joven sin antecedentes comerciales.
Hoy la planta estaría operando con altos niveles de informalidad y sigue siendo una bomba de tiempo en términos sociales, ya que peligra la fuente laboral de la que dependen dos centenares de familias.
En este entuerto que tuvo altos niveles de conflictividad, meses atrás, habría una puja subterránea entre el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, y el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, que avala la situación de extrema informalidad en que hoy opera esa planta de Rawson. No es menos cierto que es también consecuencia de una pésima administración empresarial, con un esquema comercial de estar atados a un único cliente que habría dejado abiertos numerosos juicios laborales.
