En un trámite exprés, el Consejo Federal Pesquero (CFP) otorgó 3.500 toneladas de cuota social de langostino a la provincia de Río Negro para el presente año. La votación fue siete a tres. Por la afirmativa levantaron la mano el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla y los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, Cancillería y Jefatura de Gabinete: Miguel Schmukler, Martín Fernández, Paola Gucioni y Pablo Mazzoni, además del representante de Santa Cruz, Harold Bark, y el representante rionegrino que hizo la solicitud, Sergio Paleo.

En contra se pronunciaron la representante de la provincia de Buenos Aires, Carla Seain y el representante de Tierra del Fuego, Carlos Cantú; mientras que el representante por Chubut, Andrés Arbeletche, se abstuvo.

Claramente se trató de una decisión política del gobierno nacional en coincidencia con el acompañamiento que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, hizo a través de sus diputados para que voten la Ley Bases.

La entrega de las 3.500 toneladas para ser pescadas en aguas nacionales en esta temporada en curso tiene como condición que seas desembarcadas en los muelles de San Antonio Oeste y San Antonio Este y esa materia prima sea procesada en plantas radicadas en esa provincia.

Ahora todas las miradas están en el listado de embarcaciones que Río Negro nominará para que entren al caladero nacional de langostino. La provincia no tiene flota dedicada a la especie y los que operan allí en su mayoría no cuentan con historial de langostino, es decir, es muy probable que se permita que ingresen al caladero barcos que nunca pescaron langostino.

En tanto, si bien se votó que la medida es extraordinaria y por este año, los fundamentos es que la provincia está en ‘emergencia pesquera’, por lo que es casi seguro que el año próximo, Río Negro volverá a pedir otras 3.500 toneladas porque nada indica que en las actuales condiciones en un año salgan de la situación en que se encuentra el golfo San Matías, con sus principales especies colapsadas por el pésimo manejo de la administración pesquera provincial.

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras fue la primera entidad empresarial que salió públicamente a cuestionar la medida.

CAPIP cuestionó que la determinación se haya hecho sin la previa intervención y discusión en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Pesquería de Langostino.

Consideran que además de inconsulta, la medida provoca un innecesario “aumento del esfuerzo pesquero” sobre el recurso y no se condice con una política de manejo precautorio de la especie. Tampoco se solicitó opinión técnica al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). También reprochan que se generará un peligroso antecedente ante la posibilidad que se asigne cuota a barcos que carecen de historial de langostino.

La entidad empresarial que preside Agustín de la Fuente mantiene la misma postura crítica, como oportunamente lo señaló respecto al polémico Fondo de Asignación para el Fomento Productivo (FAFP), creado en diciembre de 2022, que permitió la asignación discrecional de 5.000 toneladas anuales de cuota de langostino a un grupo de barcos hasta el año 2028, inclusive.

CAPIP advierte que esta concesión extraordinaria de 3.500 toneladas a Río Negro permitirá el ingreso de buques al caladero nacional sin historia de langostino en perjuicio y detrimento de la pesquería.

No obstante, la cámara empresaria diferenció el cupo social que se les asignó a Chubut y Santa Cruz a modo de compensación por haber implementado una veda permanente de pesca de langostino dentro del golfo San Jorge, en favor de la pesquería, esfuerzo que ha permitido el crecimiento de la biomasa.

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