Venció la conciliación obligatoria y el STIA no aceptó firmar, el acuerdo salarial, por las sanciones que algunas pesqueras impusieron a sus empleados por haber dejado pudrir langostino arriba de las mesas.
Luis Emilio Núñez, el dirigente que desde 1995, hace casi tres décadas, dirige en chomba, a los trabajadores de la alimentación decidió no firmar y que sus afiliados sigan en sus casas, y que en sus cuentas bancarias se acredite nada.
La historia es larga. La discusión salarial quedó embretada desde que el sindicato pidió una actualización por devaluación, además de la actualización por inflación; los mercados mostraban una fuerte retracción de demanda, los precios cayeron y la sinergia de comercialización se frenó.
El 31 de enero se apretó fuerte el ‘freno de mano’ de un sector donde confluyen actores de los más diversos y de diferente poder e intereses. Dentro de este ‘zoológico’, donde todos se hablan y todos se desconfían, y se operan, inició una inusual negociación salarial.
La pública puja que había entre el SUPA y “las empresas de González Cereseto y Pantano”, como coloquialmente se resumía a la concentración del poder del puerto Rawson, no sorprendía a nadie. La causa de extorsión, detenciones, fueron alimentando el acuerdo de parar la temporada.
Así se lo pidieron al gobierno de Ignacio “Nacho” Torres, que no accedió, al volver a marchar la cancha, que no haría todo lo que planteen las empresas, ni tampoco dar carta blanca a los gremios.
El Gobierno de Chubut insistió por diferentes vías, sin éxito, que la temporada se reinicie. Hubo un punto en que las empresas no querían retomar la actividad, por la alta concentración de materia prima, sin vender, mientras el STIA pedía subas salariales, y se ufanaba de emboscar a empresas que les llegara el pescado y después se lo dejaban pudrir arriba de las mesas. La escalada de violencia fue otro factor que llevó a las empresa a exigir condiciones de garantía de paz social para retomar la actividad industrial de la cadena productiva.
Dentro del sector empresario, donde todos se desconfían, la primera grieta surgió cuando Epsa pagó a los mensualizados el monto que el STIA pedía.
En el medio de estas disputas internas empresarias, el gobernador Ignacio Torres, empezó a llamar a dueños de barcos y empresarios de plantas ‘con poder de decisión’ a los que los instó a salir a pescar y retomar la actividad de procesamiento: “negocien lo que tengan que negociar con los barcos pescado y las plantas trabajando”, exigió.
Los múltiples intereses cruzados existentes hicieron que esa intención del gobierno de Torres de retomar la temporada, fuera ninguneada, y que la foto en la Municipalidad de Puerto Madryn, lo terminara ridiculizando. Dato que, tomó nota. Nadie cumplió.
A partir de ese momento inició directa, e indirectamente, con contactos hacia empresas independientes y también a inversores dentro de la cámara a persuadirlos para que saquen los barcos y reabran las plantas, “sigan negociando con los barcos pescando y las plantas activas”, fue el planteo.
A todo esto, en contexto internacional de los mercados, hizo que hubiera nulo interés en sumar toneladas de langostino a las cámaras de frio abarrotadas de pescando sin vender.
El conflicto estuvo preñado de medias verdades de todas las partes. Y desde el Gobierno lo advirtieron, con la lógica de buscar una salida consensuada.
Hacia adentró del sector empresario, lo que EPSA pautó unilateralmente con sus mensualizados de 280 mil pesos de bono por devaluación, fue la primera fricción que dinamitó la desconfianza puertas adentro.
Con el correr de las semanas, no quedó claro si Red Chamber dio un portazo y se fue o la echaron, pero accedió a la premisa del Gobierno de Ignacio Torres y sacó los barcos y reactivó la planta; más tarde hizo lo propio Food Partner Patagonia y Achernar, en Puerto Madryn. Mientras que, en Rawson, Cabo Vírgenes, empezó a procesar langostino que recibía en su muelle, al igual que otras plantas como La Costillita y Bahía Engaño; y otros barcos salieron a pescar para abastecer a plantas de Comodoro Rivadavia, Pesquera del Sud, Hielos de la Patagonia y Pesquera Puerto Comodoro, entre otras.
Un sector empresario claramente heterogéneo, con intereses cruzados, que se muerde los talones, y se conspira internamente, da lugar a que un sindicato con prácticas violentas y mecanismos de aprietes termine marcándoles la cancha.
Ayer, venció la conciliación obligatoria, el STIA aceptó la oferta salarial, pero no convalida las sanciones disciplinarias por haber dejado pudrir el langostino en plena conciliación obligatoria. El gremio conducido, hace tres décadas, por Luis Núñez acepta la suba salarial, pero no las consecuencias de incumplir la conciliación, rechazan “el punto G”, que les imponía sanciones disciplinarias por actuar fuera de la normativa laboral, en referencia al ítem que formó parte de la propuesta de la entidad empresaria
El brutal paro de 38 días de 2005 debió ser una lección para toda la actividad pesquera de Chubut. Nadie ganó. Todos perdieron. Las empresas, el sindicato, y principalmente, los trabajadores que al igual que ahora sienten el golpe en el bolsillo de estar un mes inactivos.
“Aquellos que ignoran su historia están condenados a repetirla”, reza un apotegma del siglo pasado, que parece recobrar vigencia en estas circunstancias.
