Se viene una semana de super acción en el Congreso. Con el período de sesiones extraordinarias en marcha, La Libertad Avanza se prepara para atravesar dos pruebas de fuego al hilo. En el Senado, el miércoles el oficialismo buscará darle media sanción a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La versión final del texto se conocerá recién al momento de la votación. Al día siguiente será el turno de la Cámara de Diputados, donde se debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene a la senadora Patricia Bullrich como principal impulsora.
NEGOCIAN CON GOBERNADORES
Las provincias tienen bien claro cuánto “vale” cada respaldo. Para conseguir la media sanción en el Senado del proyecto que flexibiliza las condiciones de contratación para los trabajadores, La Libertad Avanza necesita unos 15 votos extra de las bancas que les responden a los gobernadores.
Las tratativas entre la mesa política de Milei y los jefes provinciales entran en 10 días claves. El 11 de febrero es la fecha tentativa a la que aspiran los violetas para tratar el proyecto en el recinto de la Cámara alta. Tiene allí dictamen de mayoría pero, de acuerdo a las últimas reuniones entre las partes, se harán cambios.
ALCANCE DE LA LCT
El proyecto redefine el ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Quedan excluidos los trabajadores independientes y sus colaboradores y también los prestadores de servicios de plataformas tecnológicas, que pasan a tener un régimen específico.
Es un movimiento clave: en la práctica, implica que miles de trabajadores ya no serían considerados empleados en relación de dependencia bajo la LCT, un tema que anticipa fuerte controversia con las organizaciones sindicales y de la economía de plataformas
Además, el principio de “norma más favorable al trabajador” se acota solo a cuestiones jurídicas, no fácticas, y desaparece la noción de “justicia social” como parámetro interpretativo.
FONDOS PARA FINANCIAR DESPIDOS
Uno de los cambios estructurales es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Los empleadores deberán aportar el 3% sobre la misma base que las contribuciones patronales, conformando un “patrimonio separado, inembargable e independiente”. A cambio, acceden a una reducción de 3 puntos en sus contribuciones al SIPA.
El oficialismo lo presenta como un mecanismo moderno que da previsibilidad al empleador y garantiza el cobro al trabajador. Para los sindicatos, es un reemplazo encubierto del régimen indemnizatorio. El texto aclara que la indemnización tradicional no desaparece: los fondos solo cumplen un rol financiero.
CAMBIOS EN JORNADA, DESCANSOS Y AUSENCIAS
La reforma habilita: A) Banco de horas acordado individual o colectivamente. B) Vacaciones fraccionadas (mínimo 7 días) y posibilidad de tomarlas fuera del período legal. C) Mayor control sobre licencias por enfermedad: certificados con diagnóstico, tratamiento y firma digital.
También se introduce una novedad: si el trabajador queda con capacidad reducida por enfermedad o accidente, el empleador puede ajustar categoría, jornada y remuneración según la aptitud remanente.
FIN DE LA ULTRAACTIVIDAD
Negociación colectiva: fin de la ultraactividad y giro hacia la empresa. El proyecto propone una reconfiguración profunda del sistema de convenios colectivos:
- La ultraactividad se limita: vencido un convenio, solo se mantienen las cláusulas normativas hasta que se firme uno nuevo. Las cláusulas obligacionales caducan.
- La autoridad laboral puede suspender cláusulas si generan “distorsiones económicas graves”.
- Se invierte la lógica de prelación: los convenios de empresa o ámbito menor prevalecen sobre los de mayor alcance, incluso si son anteriores o posteriores.
- Esto constituye un giro hacia la negociación descentralizada, alineado con modelos flexibles de otros países, pero supone un golpe directo al poder de negociación centralizado de las federaciones sindicales
