El 31 de mayo es fecha tope para que los permisionarios beneficiados con los siete nuevos permisos de pesca que fueron creados por la Ley IX N° 157 confirmen si aceptan ‘pagar’ lo que el Gobierno de Chubut les pide abonar a cambio de quedarse con esas licencias. Sólo si no se allanaran a realizar los desembolsos, recién el Poder Ejecutivo impulsaría la revocatoria de esos permisos.
La administración de Ignacio Torres decidió que de esa Ley IX N° 157, aprobada por la Legislatura anterior el 23 de diciembre de 2022, solamente ‘revisará’ siete de los permisos blanqueados por esa polémica norma. Los tres de flota amarilla que fueron creados atados a plantas de procesamiento, los tres nuevos de flota artesanal y el denominado ‘sexto’ VACOPA; ya que los otros cinco permisos VACOPA no prevé, el actual gobierno provincial, someternos a escrutinio.
EL PACTO
Más aún, habría una decisión política de la actual gestión en convalidar el “blanqueo” hecho durante el gobierno de Mariano Arcioni. De otro modo, no se entiende si plantea revisar la asignación y distribución de permisos catalogados como ‘espurios’, la Secretaría de Pesca, ni la Fiscalía de Estado no hayan promovido, hasta el momento, ninguna investigación sobre los procedimientos y actos administrativos que dieron origen a esos permisos y sus eventuales responsables.
Conocedores finos del entramado del poder interpretan que no se promueva la investigación de quienes firmaron estas decisiones durante la gestión anterior, ni se ponga la lupa sobre los VACOPA, obedecería a un pacto con los detentadores de esos permisos que mucho han tenido que ver con el financiamiento de campañas políticas.
ARTESANALES POLÉMICOS
Ahora bien, en aras de ‘sanear’ la lesividad al interés público producido por el otorgamiento de siete permisos, se opta por fijar determinado monto de dinero donde el Gobierno le da ‘prioridad’ a esos beneficiarios de pagar a cambio de no avanzar en la caducidad o anulación de esas asignaciones.
Nada se ha dicho sobre si cada uno de esos permisos reunían o no los requisitos para haber logrado su otorgamiento.
En el ámbito del sector pesquero no deja de sorprender el caso de los permisos artesanales, ya que es un secreto a voces que fueron entregados a empresas que nada tienen que ver con la actividad artesanal propiamente dicha. Además, del caso Luez SRL que pertenece al empresario Luis Santander, y le fue entregado un permiso artesanal por el anterior gobierno, y este se apresta a convalidárselo si paga lo que le pidieron, también aparecen otros casos sorprendentes.
EN EL ‘PICCO’ DE LA OLA
Otra de las sociedades beneficiadas con una licencia de pesca artesanal fue la firma Mar Perlado S.A. una empresa que el 14 de junio de 2023 realizó una asamblea ordinaria designando a José Ignacio Carrizo como director titular y presidente y a Pablo Marcelo Ricardo Guiance como director suplente, donde ambos constituyeron domicilio en Av. Julio A. Roca 751, piso 6, CABA; según se publicó en Boletín Oficial.
Vaya casualidad, en Av. Julio A. Roca 751, piso 6, CABA funciona la razón social: Luis Javier Picco & Asociados SA.
Javier Picco es presidente de la armadora Makro S.A. propietaria de varios barcos de la flota amarilla que operan en Rawson; y hasta hace pocas semanas también tenía un conchabo en el INIDEP, cuyo contrato no fue renovado por las autoridades del gobierno de Javier Milei cuando pasó la motosierra por el organismo.
Por otro lado, cabe recordar que un barco de esta armadora fue también beneficiado por el reparto del Fondo de Fomento Productivo (FAFP) que discrecionalmente repartió 5.000 toneladas de cupo de langostino hasta 2028; en una medida adoptada durante la anterior composición del Consejo Federal Pesquero (CFP), la cual quedó fuertemente sospechada de manejos poco transparentes. La mano del entonces representante de Chubut ante el CFP, Adrián Awstin, fue clave para que se aprobara el reparto del FAFP ya que el solamente podía aprobarse por unanimidad. (VER APARTE)
CON DOMICILIO EN MAR DEL PLATA
La lista de los tres nuevos permisos de pesca artesanal adjudicados durante la gestión del secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, durante la gobernación de Mariano Arcioni, se completa con una licencia para Madryn Pesquera S.A.
Se trata de una sociedad anónima que declara domicilio fiscal ante la AFIP en Alvarado 1439 de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Además, a partir del mes de diciembre de 2023 dio de alta como actividades registradas a la ‘pesca de organismos marinos y venta al por mayor de pescado’; y además incluyó en misma fecha como ‘jurisdicciones adheridas’ a Chubut.
Acá se imponen varios interrogantes. Hasta diciembre de 2023, esa empresa no tenía a Chubut como jurisdicción adherida a pesar de lo cual le fue entregado un permiso de pesca artesanal, que entre los escasos requisitos la ley pide que el pescador artesanal tenga residencia real en la provincia no menor a los tres años. ¿Quién es el dueño real de ese permiso? ¿Pertenece a un ex funcionario?
Con estas sombras sobre el escenario, cabe entonces preguntarse, si estos presuntos ‘vicios’ en los otorgamientos realizados durante la anterior gestión provincial del Gobierno de Chubut serán sujetos de análisis por parte de la gestión de Ignacio Torres, en aras de la transparencia, o serán lisa y llanamente convalidados si aportan determinado monto antes de fin de mes.
Las respuestas quedarán reveladas después del 31 de mayo.
