El Círculo de Políticas Ambientales (CPA) emitió un documento en el que analiza pormenorizadamente los alcances e impacto a las modificaciones de legislación ambiental incluidas en la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional.
El trabajo que tiene como autores a María Eugenia Testa, Carina Quispe, Milko Schvartzman, Elba Stancich y Juan Carlos Villalonga hace un detalle de cada una de las leyes que se proponen modificar y sus implicancias en materia ambiental.
“Las modificaciones propuestas al Régimen Federal de Pesca son en gran medida estructurales, e impactan en materia de ambiente, seguridad, empleo, transparencia y trazabilidad del sector y sus actividades”, indica el documento en uno de los tramos.
“En materia administrativa, elimina atribuciones que hoy detenta el Consejo Federal Pesquero y se las asigna a la autoridad de aplicación (Poder Ejecutivo Nacional), como la aprobación previa para las cuotas de captura anual y la aprobación de permisos de pesca comercial y experimental”, describe.
Por otro lado, “se eliminan todos los beneficios para obtener permiso de pesca a las embarcaciones de bandera argentina, a las que cuenten con tripulaciones nacionales, a los buques construidos en el país, a las empresas que realicen el procesamiento y valor agregado nacional, etc. La eliminación de estos requisitos prioritarios para el otorgamiento de permisos tendría un impacto muy negativo en un amplio espectro de la actividad pesquera: en la generación de empleo local; en el desarrollo económico a corto y largo plazo; en las economías costeras; en la industria naval local, etc”, puntualiza el Centro de Políticas Ambientales.
Por otro lado, “se eliminan los requisitos legales, si bien los para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques no exige que éstos tengan una antigüedad determinada, lo que implica mayores riesgos para la tripulación y el ambiente. Recordemos que la pesca está entre las actividades más peligrosas del mundo”, añade.
“Un punto alarmante de la modificación propuesta es la eliminación de la obligatoriedad del desembarco de los productos pesqueros en puertos argentinos, dejando abierta la posibilidad de que las flotas que pesquen en jurisdicción nacional descarguen en puertos de otros países y/o realicen transbordos en alta mar, lo cual quita todo tipo de transparencia, trazabilidad y aumenta las posibilidades de ilegalidad e insostenibilidad en las capturas, afectando al ambiente, el desarrollo de las economías costeras locales, el empleo y la industria portuaria nacional”, indica el CPA en su análisis.
