En una sesión que se extendió hasta la medianoche del jueves, la Cámara de Diputados rechazó por mayoría el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 impulsado por el presidente Javier Milei, que proponía una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional. El decreto fue derogado con 118 votos afirmativos, 77 negativos y 8 abstenciones, en una jornada que marcó otro revés parlamentario para el oficialismo.
QUÉ PROPONÍA EL DECRETO DEROGADO
- Permitía a armadores argentinos abanderar sus buques en el extranjero por hasta 10 años sin perder su matrícula nacional.
- Autorizaba a buques de bandera extranjera a realizar cabotaje entre puertos argentinos ante la falta de embarcaciones nacionales.
- Eliminaba la obligatoriedad de contratar tripulación a través de las bolsas de trabajo sindicales.
- Trasladaba a los armadores la determinación del número de tripulantes, dejando al Estado como responsable solo de fijar la dotación mínima de seguridad.
- Declaraba la navegación como servicio esencial, lo que implicaba garantizar el 75 % de operatividad en caso de huelga.
LAS RAZONES DEL RECHAZO
Desde la oposición, se argumentó que el decreto desmantelaba la soberanía del sistema de transporte fluvial argentino, ponía en riesgo el empleo marítimo local y abría la puerta a una extranjerización total del comercio por vía acuática.
El diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, expresó que “el Gobierno quiere convertir nuestros ríos en una autopista para intereses extranjeros, sin regulación, sin empleo argentino y sin soberanía”.
Por su parte, desde el oficialismo defendieron la iniciativa afirmando que la Marina Mercante está en retroceso desde hace décadas, con una caída operativa de más del 80 % en los últimos 34 años. Según el decreto, los costos operativos bajo bandera argentina son hasta cuatro veces mayores que el promedio internacional, lo que impediría su competitividad.
RECHAZO A OTROS DECRETOS CLAVE
Además del DNU 340/25, la Cámara baja rechazó otros decretos firmados por Milei y el ministro Federico Sturzenegger, entre ellos:
El que eliminaba la autarquía del INTA y del INTI. El que cerraba organismos de Cultura, como el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. El que modificaba el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y el que eliminaba la Agencia de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad.
El tratamiento de estos decretos ahora pasa al Senado, donde la oposición cuenta con una mayoría más amplia, lo que anticipa una posible derrota definitiva del paquete de reformas.
