El juez penal de Puerto Madryn, Francisco Marcelo Orlando, resolvió este jueves 29 de enero de 2026, disponer la “prohibición absoluta de acercamiento” contra un dirigente sindical enrolado en el STIA por actos de intimidación en la que resultara víctima el director de Recursos Humanos de la empresa Red Chamber Argentina.
La medida restrictiva, inicialmente por el plazo de 30 días, impide que el delegado del gremio STIA, Leonardo Román, se acerque a 200 metros de la planta de procesamiento de la firma Red Chamber, en el parque industrial de Puerto Madryn, y a la persona del responsable del área de Recursos Humanos en cualquier ámbito.
La decisión judicial cobra relevancia, ya que pocas veces, la Justicia ha intervenido en hechos de intimidación y amedrentamiento, prácticas usuales que utilizan sectores sindicales en situaciones de conflicto.
Durante este plazo de 30 días en que el sindicalista no podrá acercarse a la planta pesquera, ni al directivo, la Fiscalía evaluará un eventual pedido de audiencia de ‘apertura de investigación’ para imputar y procesarlo por delitos tipificados en el Código Penal.
Mientras este vigente la prohibición de acercamiento, la violación de la misma por parte del delegado Leonardo Román podría significar su arresto. En este caso, el representante del STIA en una radio de Puerto Madryn incitaba a los oyentes y demás trabajadores de la empresa que si lo encontraban por la calle le hicieran saber al Sr. Calandra que era un estafador. “…ya sabe lo que tiene que hacer no?…”, fueron algunas de las expresiones vertidas.
Que así también, Leonardo Román acompañó fotografías del Sr. Calandra para que todos aquellos que desearan observar el rostro a través de la trasmisión on line lo pudiesen hacer en el canal de YouTube.
Por su parte, el juez Orlando al fundamentar la medida indicó que “los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal, dan cuenta de un cuadro fáctico, que ha motivado la respectiva denuncia sindicando al nombrado como presunto autor de actos de intimidación, por medios radiales y en forma personal de todo lo cual diera cuenta la representante Fiscal, como así del temor expresado por el denunciante. Entiendo qué, ante las circunstancias mencionadas, surge en forma objetiva un contexto de “latente” intimidación en perjuicio del denunciante por lo que resulta necesario, razonable y proporcional la adopción de medidas de protección”, puntualiza la medida judicial.
No es la primera vez que sectores sindicales utilizan este tipo de prácticas contra directivos, empleados jerárquicos o empresarios de la pesca, en el marco de los conflictos propios de la actividad. En el caso de Red Chamber la tónica de las intimidaciones han ido creciente en los últimos meses desde sectores del STIA, lo que ha motivado que cada hecho quede denunciado y se soliciten medidas al respecto, por lo que no habría que descartar que se adopten medidas similares contra otros referentes.
