La audiencia de ayer para destrabar el conflicto pasó a un cuarto intermedio porque no hay acuerdo respecto a las medidas propuestas para que la flota retome la actividad. En esta ocasión, la máxima autoridad nacional presente fue la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, y estuvieron presentes los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal y de Chubut, Ignacio Torres; la cúpula del SOMU, encabezada por Raúl Durdos, y también una delegación de dirigentes del Siconara, y referentes del Centro de Patrones. Por el sector empresario, asistieron representantes de las cámaras pesqueras CAPECA, CAPIP y CEPA.
El encuentro fue el más duro y tenso de los que se habían venido realizado en las diferentes audiencias donde las dos partes en conflicto se reunieron. Vidal fue el más vehemente al presionar fuertemente a las empresas, en un tono casi de prepotencia, como cuando se enfundaba en el rol de sindicalista, pero sus exigencias colisionaron con la realidad de los números expuestos por las empresas en cuanto a que hoy la flota congeladora sigue paralizada porque la ecuación de costos sigue siendo negativa.
‘PARCHES’ TEMPORALES
En la reunión del último viernes, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, habilitó como herramienta para intentar resolver la situación, el Decreto 633/2018 de la época de Mauricio Macri, para anexar a la pesca a los convenios ya acogidos a ese decreto por el que se fijan exenciones parciales de aportes patronales. Su instrumentación sería por escasos 90 días y esos aportes patronales que no deberían pagar las empresas no tendría ningún impacto real en la estructura de costos que provoca la rentabilidad negativa del negocio.
ATAJOS JURÍDICOS
Incluso, esa alternativa o ‘atajo’ que se barajó como un mecanismo para lograr alivio fiscal colisionarían con el nuevo ordenamiento jurídico que fijó la Ley Bases, pero la cartera laboral lo ofrece como una medida de excepcionalidad ante una situación de crisis y por su carácter temporal. Si las dos partes en disputa las acepan y el organismo laboral la homologa podría entrar en vigor a pesar que estaría contradiciendo postulados normativos que quedaron firmes con la Ley Bases, y que difícilmente los avalaría ARCA si fueran en consulta, y pueden representar un peligroso antecedente.
Contradicciones que no hacen más que atentar contra la seguridad jurídica a partir de ensayar ‘parches’ o atajos jurídicos administrativos de dudosa legalidad ante la presión que genera la dilación de un conflicto, pero que no resuelven el eje del problema.
EN PUNTO MUERTO
Ayer, no hubo acuerdo y en 24 horas parece difícil que la cuestión cambie. La cuestión estructural de fondo es que el negocio del langostino congelado a bordo sigue teniendo rentabilidad negativa. Las opciones que discutieron de eximir de aportes patronales en forma parcial y temporal no cambian la ecuación y no hace rentable el congelado a bordo. Los problemas de fondo no están solucionados y se continúa obviando que en esa estructura de costos, la cuestión salarial y cargas sociales representan el 60% de costo del barco, según volvieron a esgrimir las empresas; cuestión que volverán a reiterar en el encuentro de hoy.
Por su parte, el SOMU ratifica su negativa a discutir los convenios colectivos de trabajo y alienta que el Sueldo Proporcional por Producción se transforme en gran porcentaje a “no remunerativo”, lo que coloquialmente se llama un ‘pago en negro’. Un ofrecimiento que causa fricciones en las bases de los afiliados al sindicato, ya que muchos advierten que la propuesta de la conducción Durdos termina siendo desfavorable para los trabajadores.
Con todo, mañana 19 de junio se cumplirán nueve (9) meses que la flota congeladora tangonera está inactiva amarrada en los puertos, y hoy las negociaciones están en punto muerto, casi igual que al inicio de las tratativas.
