Para muestra, un botón. En los últimos cuatro años, y también los anteriores, Chubut ha ocultado sistemáticamente la información sobre el by-catch de merluza en la pesquería de langostino. El INIDEP ha reclamado en forma insistente contar con esos datos biológicos, pero desde la Secretaría de Pesca se optó recurrentemente en esconder los porcentajes.
Esa orfandad de transparencia ha sido un sello distintivo de la actual administración pesquera provincial. Hace un año de la mano de oficialismo se sancionó la nueva Ley de Pesca que blanqueó de un plumazo una serie de permisos de pesca de dudosa legalidad.
Más allá de las actualizaciones que la legislación pesquera provincial requería, ya que la anterior había sido diseñada cuando la merluza era el eje de la industria pesquera en Chubut, y ahora es el langostino el que marca el ritmo de la actividad, fue una ley cuyo objetivo central era blanquear diferentes licencias de pesca que habían nacido en circunstancias sospechosas.
Le dieron permiso irrestricto provincial a barcos reformulados que ya usaron su historial de captura. Se blanquearon los VACOPA, permisos experimentales que no han tenido ningún criterio de adjudicación, salvo la amistad de empresarios con funcionarios de turno, y ahora lograr estatus de permisos históricos.
Una madrugada se crearon tres nuevos permisos de pesca para flota amarilla. No se buscó un mecanismo como una licitación pública o un concurso entre empresas interesadas, sino que se designaron a discrecionalidad de la Secretaría de Pesca, más allá de una presunta comisión asesora con empresas y gremios que intentó darle un ropaje de transparencia, pero quedaron fuertemente bajo sospechas.
Sospechas, que incluso llevaron a decir al gobernador electo de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres que cuando asumiera iba a revocarlos y reasignarlos por medio de una licitación. Aquellas promesas de campaña habrían ido mutando y no estaría en agenda modificar el actual status quo de esas licencias pesqueras.
En estos cuatro años, la Secretaría de Pesca conducida por Gabriel Aguilar quedó reducida a una oficina administrativa, ya que las decisiones de fondo en la mayoría de los temas se adoptaron en el seno de un reducido grupo de empresarios pesqueros que conducen la flota amarilla. Nada que nadie no sepa.
El gobernador Mariano Arcioni le entregó el manejo de la pesca a ese grupo y comandaron a su antojo la cartera provincial pesquera, así lo reconocen los propios actores de la industria. Lo reconocen en voz baja, porque públicamente ninguno se atrevió a enfrentar esa realidad. La gestión de Aguilar termina como empezó. Sin superar niveles de mediocridad.
Así las cosas, la vara está bajísima, por lo que las nuevas autoridades que asumen este fin de semana tendrán la enorme responsabilidad de mostrarle a la sociedad que es posible administrar la pesca en forma transparente, sin ser digitados a control remoto, ni bajo sospechas de corrupción.
Cada recambio político abriga esperanzas de una mejora en la calidad institucional. Habrá que ver.
