Una empresa pesquera marplatense “demandó” al Estado de Chubut pidiendo que se declare inconstitucional el artículo de la Ley Provincial de Pesca IX-157 que prohíbe la salida del pescado sin procesar de la provincia.
La firma es la misma que fue “beneficiada” por uno de los polémicos permisos de pesca de flota amarilla, otorgados durante la gestión del ex gobernador Mariano Arcioni, a los que el actual gobernador Ignacio “Nacho” Torres había calificado de “espurios”, y que más tarde convalidó a cambio del pago de un monto, nunca informado oficialmente, en cómodas 36 cuotas.
El pasado 25 de octubre, con la firma de Laura Mercedes Monti, Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de Derecho Público no Penal, firmó un dictamen en el que repasó los precedentes en los cuales la CSJ ya decidió que las provincias “no pueden invocar la titularidad territorial para poner trabas de índole alguna a las actividades que se vinculan al tráfico interprovincial e internacional”, según ventiló Diario Jornada este domingo.
DEMANDA CONTRA CHUBUT
De esta forma la Procuración respaldó una demanda de Unión Pesquera Patagonia S.A., Pesquera Veraz SA y Explotación Pesquera de la Patagonia SA., las tres con domicilio en la ciudad de Mar del Plata, que cuestionan la prohibición de transportar pescado sin procesar de Chubut a otros destinos.
Puntualmente, la pretensión de las actoras radica en la impugnación constitucional del art. 20, inc. t), de la ley provincial IX-157, sustitutiva de la derogada ley IX-75. Este precepto prohíbe en la jurisdicción de Chubut “Transportar fuera del territorio provincial recursos pesqueros sin el mínimo procesamiento, el cual, mediante reglamentación dictará el Poder Ejecutivo a sugerencia de la Autoridad de Aplicación, para cada especie marina, salvo las capturas realizadas con barcos pesqueros comprendidos en los convenios interprovinciales de pesca, el procesamiento de las especies con aleta, el mínimo procesado será de filet refrigerado. En ningún caso el procesamiento podrá ser realizado a través de cooperativas, asociaciones o empresas intermediarias”.
EL STIA EN SILENCIO
La última frase del texto de ese inciso T fue agregado a la redacción de la Ley de Pesca IX-157, en la madrugada del 23 de diciembre de 2022, cuando fue aprobada por la Legislatura de Chubut, a instancias y pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.
Aunque ha resultado llamativo el ensordecedor silencio de la conducción del STIA de Chubut, que nada ha dicho sobre este tema, y que el caso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo declare inconstitucional, afectará la empleabilidad local en la industria pesquera porque las empresas podrán sacar pescado y procesarlo en cualquier otro punto del país sin complicaciones.
Cabe recordar que el STIA integró la ‘comisión’ que había creado la Secretaría de Pesca, en la anterior gestión de Gobierno, que hizo una suerte de ‘selección’ de las trece empresas que se presentaron interesadas en obtener las licencias de pesca.
“CORRESPONDE HACER LUGAR”
Con todo, el gobierno de Ignacio Torres convalidó a principios de año el otorgamiento de los siete permisos de pesca, adjudicados por la gestión anterior, entre cuyas beneficiarias están la planta Bonasur de Rawson, propiedad de Veraz, el mismo grupo empresario marplatense que mantiene esta demanda contra el Estado chubutense ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“La persistencia de la provincia en el dictado de normas que imponen restricciones vinculadas al transporte de las especies capturadas en el mar, resulta contrario a la finalidad perseguida por las cláusulas constitucionales que tienden a asegurar un espacio económico único y libre de trabas, garantizándose así el movimiento interprovincial de bienes y personas”, dictaminó la procuradora fiscal Laura Monti, hace 10 días, y concluyó: “Opino, por lo tanto, que corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta”.
—-DICTAMEN PROCURACIÓN SOBRE ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD (30/10/2024)—-
