La Cámara de Flota Artesanal de Rawson que componen los diez permisionarios que tenían permisos de pesca artesanal con ‘artes de espera’ y fueron habilitados a operar con artes de arrastre de fondo y red de arrastre de fondo convencional, a partir de la Ley XVII N° 153, sancionada en 2022, plantean revisar el área de pesca asignada que es la Zona IV en Caleta Córdova.
La asociación que preside Nicolás Santos rechaza que la Secretaría de Pesca de Chubut otorgue nuevos permisos de pesca para esa estratificación de flota. La recientemente creada CAFAR platea “defender y gestionar los derechos e intereses de los permisionarios de pesca ante las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar el respeto a las normativas existentes, especialmente el cumplimiento del artículo 7 de la Ley VII Nº 153, que regula y limita la cantidad y condiciones de los permisos otorgados”.
Expresamente, la ley indica en ese artículo que “la autoridad de aplicación no podrá otorgar un número mayor de permisos que los vigentes hasta la fecha”, en referencia a los que tenían artes de espera y fueron pasados a artes de arrastre de fondo y red de arrastre de fondo convencional.
En este contexto, la nueva cámara sostiene que, a lo largo de las últimas temporadas, “hemos observado que los permisos otorgados no solo no nos permiten crecer como sector pesquero, sino que también están contribuyendo a la pérdida económica anual de nuestras operaciones. Los altos costos asociados, junto con las limitaciones de zona, especies y cantidad de captura, nos han colocado en una situación donde la rentabilidad es prácticamente imposible”, describen al dar cuenta sobre la problemática del sector.
CAFAR advierte que las condiciones actuales de los permisos “no son viables a largo plazo y es necesario plantear una revisión integral de las mismas”. Al enumerar una serie de acciones que llevarán adelante, como primer punto hacen hincapié especialmente en “el cumplimiento del artículo 7 de la Ley VII Nº 153, que regula y limita la cantidad y condiciones de los permisos otorgados”; es decir, que no se asignen nuevas licencias desde la Secretaría de Pesca.
Asimismo, consideran que las restricciones “en las zonas de pesca y en la especie de merluza (u otras especies de interés) están limitando gravemente la capacidad de producción. Solicitamos que se reevalúen las zonas habilitadas para la pesca, ampliando las áreas de captura permitidas y flexibilizando las restricciones sobre las especies a pescar, siempre en un marco de sostenibilidad y preservación de los recursos marinos”, aclaran.
Por otra parte, dicen que “las cuotas de captura son insuficientes para cubrir los costos operativos y garantizar un nivel mínimo de rentabilidad. Proponemos que se revisen estas cuotas, aumentando la cantidad permitida de captura por permisionario de manera proporcional al tamaño de la flota y a las necesidades del mercado”.
Y agregan: “La falta de rentabilidad es uno de los factores clave que está llevando a los permisionarios a una crisis económica. Las condiciones actuales, como los altos costos operativos y las restricciones en las capturas, nos obligan a operar a pérdidas. Es urgente que se diseñen modelos de permisos que aseguren la rentabilidad para los permisionarios y la sostenibilidad del sector en su conjunto”. Finalmente, mencionan que “los cánones actuales son excesivamente altos en relación con las ganancias que se generan, lo que afecta directamente la viabilidad económica de las operaciones. Proponemos una revisión de estos costos y una posible reducción, ajustándolos a la realidad del sector pesquero artesanal, para que los permisionarios puedan competir en condiciones más equitativas frente a las flotas”, concluyeron.
