La postal es nueva. Circuló este fin de semana. Pero se repite cada temporada de langostino de Puerto Rawson. Barcos sobrecargados que a simple vista se observa cómo se reduce el francobordo, con los riesgos que ello implica.
Este tipo de situaciones no son nuevas. Durante los últimos cuatro años se hizo la vista gorda desde la Secretaría de Pesca. Independientemente de las condiciones de navegabilidad que es competencia de la Prefectura Naval, el rol de la Dirección de Control y Fiscalización ha dejado mucho que desear en la anterior gestión.
Un área fuertemente sospechada de falta de transparencia y que, en el ámbito portuario, es un secreto a voces, que es controlada por conspicuos dirigentes de la flota amarilla.
“Mira que novedad. Durante estos últimos años la ley los autorizaba a traer 100 cajones y traían 600, ahora que los autorizan a 600 porque no pueden cargar 1000”, dijo un veterano conocedor del puerto.
La reflexión refería a que la nueva Ley de Pesca de Chubut IX – N° 157 habilitó a la flota artesanal un límite de captura de 550 cajones de langostino, equivalente a 10 toneladas por marea, pero todo saben que antes que la norma los autorizara ya traían más de los 110 cajones que la vieja ley habilitaba, y la transgresión se repite ahora más allá del nuevo límite.
Esto no ha sido privativo de la flota artesanal, aplica: ‘para muestra, basta un botón’; ya que lo mismo ha venido ocurriendo con la flota amarilla, imposible, sin la connivencia del área de control de la cartera pesquera. Por supuesto nada es, no ha sido, ni será gratis.
Con todo, en los últimos días han comenzado a trascender algunos documentos de la Secretaría de Pesca; durante cuatro años no se filtraba nada, a pesar de ser información pública, todo se manejaba entre “cejas y cejas”.
Algunas empresas amagan con interponer acciones penales y/o actuaciones administrativas ante la Oficina Anticorrupción (organismo nacido a la luz de la reforma constitucional y que en 30 años no esclareció ningún hecho relevante) contra el responsable del área de Control y Fiscalización, un funcionario heredado de la gestión anterior. Dos hechos estarían siendo analizados para interponer una denuncia por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Incluso las acciones recaerían sobre el ex titular de la cartera.
En el demorado inicio de la temporada, y cuando se ordenó la prospección a fines de noviembre, ocurrió un episodio en uno de los muelles privados de la margen sur del puerto de Rawson. El funcionario Jorge Caria habría instruido a los inspectores a no realizar las guías de transporte de las descargas realizadas por la empresa de estiba que operaba en el muelle Cabo Vírgenes, según surgiría del descargo reportado al entonces titular de Pesca, en el que aduce que tal orden la recibió del propio Secretario de Pesca. Tras lo cual, y ante la salida de un cambión hacia una planta es retenido y se procede a un secuestro de mercadería, pero horas más tarde la guía aparece y la carga se libera.
En tanto, a fines de diciembre, cuando se desató una nueva controversia con la estiba en los muelles públicos, el jefe de los inspectores retiró al personal de los muelles privados de la margen sur del puerto, que no estaban en conflicto, en un supuesto acto de solidaridad con los estibadores para que ningún barco descargue en esos muelles, y sin poder sostener la medida, horas más tarde volvieron los inspectores y se liberaron las descargas y transporte.
Ambos episodios habrían tenido la intensión de profundizar el conflicto que en esos momentos había en el puerto y atribuyen tales circunstancias a la influencia directa de un sector de la flota amarilla que comparte intereses con empresas de estibaje en los muelles públicos de Rawson.
En el sector abrigan esperanzas que en esta nueva gestión habrá correcciones a ese tipo de manejos.
