La Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca cuestionó en duros términos la decisión adoptada por el Consejo Federal Pesquero por el reparto ‘arbitrario’ de 3.500 toneladas de langostino para ser distribuidas ‘discrecionalmente’ por la provincia de Río Negro.

“Rechazamos en forma total y absoluta la creación y asignación de una reserva social de langostino para ser capturadas en aguas nacionales, poniendo en jaque la estabilidad del recurso ante el inconsulto incremento del esfuerzo pesquero sin haber solicitado previamente la asesoría técnica de los organismos correspondientes”, advirtió la entidad que conduce Jorge Frías al tiempo de cuestionar las políticas de administración pesquera de esa provincia patagónica, actualmente en estado de emergencia ante el colapso de los recursos en el Golfo San Matías.

Desde la Asociación de Capitanes sostienen que esa referida asignación de Cuota Social “ha sido efectuada sin haber solicitado previamente la asesoría técnica de los organismos correspondientes, respecto al impacto que dicho incremento del esfuerzo pesquero tendrá sobre la principal pesquería de nuestro país como lo es el langostino”, teniendo en cuenta que el Consejo Federal Pesquero obvió ir en consulta al INIDEP antes de fijar tal reparto para que se pesque en la actual temporada de aguas nacionales.

“La aprobación de la creación y asignación de una reserva social integrada por 3.500 tn de langostino, ha sido efectuada dejando de lado la historia de los buques a los que finalmente se les asigne y sus antecedentes de captura, lo que, reiteramos, pone en jaque la estabilidad del recurso ya que genera un inconsulto incremento del esfuerzo pesquero que no se condice con las medidas de administración precautoria; obviando además las intervenciones del INIDEP como organismo científico asesor, así como de la Comisión de Seguimiento de la pesquería del Langostino, según establece la normativa en vigencia”, puso de relieve la entidad sindical.

En este maro, la AACPyPP recordó que desde la huelga de capitanes del año 2016, denominada ‘El grito del Golfo’, se ha “venido denunciando las malas administraciones de las autoridades pesqueras de la Provincia de Río Negro, las que derivaron en la declaración de la Emergencia Pesquera, realizada mediante Decreto Provincial N° 280/2023 y que fuera prorrogada por el actual Gobernador Alberto Weretilneck mediante el Decreto Provincial N° 551/2024. Cabe destacar que el referido Gobernador también detentaba dicho cargo en el año 2016, cuando ya se suscitó la crisis pesquera”.

La asignación de estas 3.500 toneladas para Río Negro contó con el voto del subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla, los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, el representante y secretario de Pesca de Santa Cruz, Harold Bark, y el de la provincia solicitante. Votaron en contra las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego, mientras que Chubut se abstuvo.

“La complicidad de quienes entendieron que era oportuno avanzar en este camino, solo demuestra que los favores políticos se pagan; debiendo advertir asimismo que las malas administraciones, la falta de planes de manejo y las herramientas que conduzcan a mantener las pesquerías y el mar en toda su abundancia en un estado de salubridad y sostenibilidad, también. Y ese costo, lamentablemente lo pagamos todos los argentinos”, cuestionó Capitanes.

El sindicato que dirige Frías considera que se genera “un antecedente negativo, que no es más que la consecuencia del desmanejo y las sucesivas malas administraciones que condujeron a que hoy la Provincia de Rio Negro se encuentre en esta situación de emergencia pesquera y que el salvataje tenga que ser en desmedro de todas las salvaguardas que establecen los indicadores en materia de la pesquería del langostino, de la norma vigente e incluso del resto de las provincias con litoral marítimo”.

No obstante, la entidad se puso a disposición del gobernador Weretilneck “para contribuir en todo lo que sea necesario para desarrollar políticas públicas que garanticen la sostenibilidad y la sustentabilidad de los recursos pesqueros, abogando siempre en pos de la generación de nuevos puestos de trabajo y del desarrollo socioeconómico de la comunidad”.

Finalmente, “llamamos a la reflexión de los integrantes del Consejo Federal Pesquero que avalaron esta inconsulta decisión, en el entendimiento de que la industria pesquera requiere de medidas de administración que garanticen la sostenibilidad y la sustentabilidad del recurso; medidas que por cuestiones coyunturales no pongan en riesgo la pesquería del marisco, solicitando asimismo la revisión de la decisión adoptada, representando la misma un peligro latente para la pesquería de langostino y, en consecuencia, para la comunidad pesquera en su totalidad”, concluyeron.

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