El periódico The Economist trazó un análisis geopolítico y el comportamiento de los países de Latinoamérica frente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Sostienen que Ecuador y Perú están haciendo un mejor trabajo que Argentina y Uruguay en materia de combate de ese flagelo y lo atribuyen a la alianza y afinidad ideológica que tiene el actual gobierno argentino con Beijing y la administración de Xi Jinping.
“La flota pesquera china tiene la peor reputación a nivel mundial en materia de pesca ilegal. Es notorio en Sudamérica, casi un tercio de sus 3.000 barcos operan en la región durante todo el año. Persiguiendo calamares migratorios, pasan los primeros seis meses saqueando las aguas del Atlántico frente a Argentina y los seis siguientes aspirando sus capturas en el Pacífico cerca de Ecuador y Perú, después de rodear el Estrecho de Magallanes en Chile. La flota se encuentra actualmente frente a las costas de Ecuador. Pero algunos países están contraatacando. El 30 de septiembre Ecuador, Perú, Estados Unidos y otros 11 países concluyeron su último ejercicio contra la pesca INDNR, para practicar la interceptación de barcos”, describió The Economist.
Agrega que, en la última década, la pesca INDNR ha agotado las poblaciones mundiales. Genera hasta 36.000 millones de dólares al año y representa uno de cada cinco pescados que se consumen en el mundo. Eso la convierte en la sexta industria ilícita más grande del mundo (la falsificación es la mayor con 1,1 billones de dólares, mientras que las drogas ilegales ocupan el segundo lugar con 650.000 millones de dólares). En América del Sur, la pesca INDNR priva a los países del 8 al 15% de sus capturas anuales, según una investigación de la Universidad Americana de Washington. China representa las tres cuartas partes de los buques extranjeros en esas aguas.
“El retroceso del Pacífico comenzó frente a Ecuador. En 2020, los vuelos de vigilancia identificaron 340 arrastreros y poteros chinos que transportaban volúmenes incalculables de especies vulnerables al sur de las islas Galápagos, una reserva marina. Lenín Moreno, el presidente en ese momento, prometió defender las islas. El primer paso de Ecuador fue pedir a China que detuviera las incursiones ilegales. Perú pronto hizo lo mismo”, describen sobre el comportamiento de diferentes gobiernos.
“Durante los últimos tres años, la mayoría de los buques chinos han permanecido a unos 100 kilómetros (60 millas) de las aguas de ambos países. Ecuador y Perú también han creado una coalición para abordar la pesca INDNR regional, reclutando a Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica. Estos países condenaron públicamente la incursión de China en 2020. Al año siguiente se comprometieron a vincular sus áreas marinas protegidas para formar la reserva más grande del mundo, el doble del tamaño de Gran Bretaña. Sus gobiernos presionaron a la Organización Mundial del Comercio para lograr un acuerdo para recortar los subsidios a la pesca, que se adoptó en 2022”, menciona en otro tramo.
“En cambio, en Argentina y Uruguay la situación es deprimente. ‘Las cosas han empeorado en el Atlántico’, afirma Milko Schvartzman, un conservacionista marino. El número de barcos chinos en el Atlántico aumentó de 74 en 2013 a 429 en 2021. Alberto Fernández, el presidente de izquierda de Argentina, se ha negado a presionar para lograr una mayor regulación. China es un aliado ideológico y el principal socio comercial de su país después de Brasil. Mientras tanto, el gobierno de derecha de Uruguay quiere que China firme un acuerdo de libre comercio. Cada uno tiene cosas más importantes que hacer”, reflexionan.
