La consultora económica INVECQ elaboró un pormenorizado estudio sobre la crisis que atraviesan las plantas procesadoras de pescado en tierra en Mar del Plata y de Patagonia, concluyendo que hacer productos con valor agregado reporta rentabilidad negativa al negocio.
El informe fue requerido por cuatro cámaras de la pesca fresquera marplatense: Unión de Intereses Pesqueros Argentinos, Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca, Asociación Cámara Pesquera Argentina ALFA y la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera.
“El escenario es dramático y demuestra que actualmente se está trabajando a pérdida en todos aquellos establecimientos que intentan agregar valor a los productos pesqueros, ya sea que estén radicados en Mar del Plata o en la Patagonia. La industria no es sostenible por más tiempo”, alertaron las cámaras al dar cuenta de la gravedad de la problemática que va desde Mar del Plata a la Patagonia y advierten que “es imprescindible que no sigan cerrando más plantas en tierra y que se pueda agregar valor a los productos pesqueros”.
REVISAR LOS CCT
El trabajo en cuestión abordó las principales variables que hoy afectan la actividad, como la “inflexibilidad” de los convenios colectivos, distorsiones en la cadena logística y sobrecostos impositivos y regulatorios.
El informe reveló, por ejemplo, que la elaboración de filet de merluza en Mar del Plata con empleados bajo el convenio 161/75 tiene un costo de 4,3 dólares por kilo mientras el precio de venta es de 3,2 dólares. Esto arroja una pérdida del 35%, lo que demuestra la situación “crítica” de la actividad.
El mismo producto elaborado por una cooperativa cuesta 3,3 dólares, lo que significa una pérdida del 3%. La misma tendencia se da con el procesamiento de la corvina entera de entre 300 y 500 gramos: tiene un costo de 2 dólares y un precio de venta de 1,8 dólares. Una pérdida del 13%.
El estudio de INVECQ resaltó que los ingresos del sector dependen de la cotización internacional de los productos. Y los números son negativos. Por caso, la merluza cayó un 23% respecto al promedio prepandemia y se encuentra un 29% por debajo del máximo de 2015.
A este factor se le sumó la baja en el tipo de cambio real (TCR) y la continuidad de los derechos de exportación (DEX), lo que ha agravado el panorama.
ESTRUCTURA DE COSTOS
Otro elemento que incide en la crisis de la pesca son los costos laborales. La consultora planteó adaptar los convenios vigentes a las “realidades productivas actuales”, eliminando distorsiones que “desalientan la productividad o fomentan la informalidad”.
También emergen otros costos que han crecido “desproporcionadamente” durante los últimos años, como el valor del flete: desde 2020 ha aumentado, en promedio, 20 puntos porcentuales por encima de la inflación.
Una situación similar se da con la estiba, servicio que se sugirió “desregular”, ya que el costo se traslada al precio de venta final.
REDUCIR LA PRESIÓN FISCAL
En otro tramo del informe, se consideró “conveniente” avanzar en diversos procesos de simplificación normativa y eliminar disposiciones burocráticas en organismos estatales como el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la Subsecretaría de Pesca y la Aduana para que no se encarezca la actividad.
En el caso puntual de las provincias, se solicitó la reducción “urgente” del Impuesto a los Ingresos Brutos. “Representa uno de los gravámenes más distorsivos y dañinos, por su incidencia reiterada y asimétrica en cada uno de los eslabones de la cadena de producción”, advirtió el informe.
“Las plantas procesadoras del sector pesquero atraviesan una situación de extrema fragilidad económica, producto de una combinación de factores adversos, tanto externos como internos. Por un lado, precios internacionales y un TCR en mínimos históricos, más la vigencia de los DEX, reducen los ingresos del sector”, planteó la consultora.
