El Senado de la Nación dio el pasado jueves media sanción a los proyectos de ley que aprueban los acuerdos internacionales sobre subvenciones a la pesca (OMC) y sobre seguridad de buques pesqueros (Ciudad del Cabo); ahora serán girados a la Cámara de Diputados.
La Cámara Alta quedó en el ojo de la tormenta ya que en el último punto de la sesión se votó, a mano alzada y sin debate, una resolución por la cual se incrementaron sus dietas y generó polémica entre el oficialismo y la oposición.
En la sesión se aprobaron una serie de acuerdos internacionales, uno de los cuales refiere a que Argentina adhiera al Acuerdo de la OMC que plantea eliminar las subvenciones a la pesca.
Puntualmente, se trata del denominado Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, adoptado en Ginebra el 17 de junio de 2022.
LÍMITES A LA PESCA ‘INDNR’
Por medio de ese acuerdo “se restringen las subvenciones que afectan negativamente a la pesca y, especialmente, aquellas que pudieran dar lugar a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), a la pesca de poblaciones ya sobreexplotadas y a la pesca en altamar no reglamentada”.
Tal como se ha dicho, “su entrada en vigor contribuirá a la eliminación de subvenciones a las actividades relacionadas con la pesca de altamar no reglamentada cuyas implicancias son relevantes para la República Argentina, teniendo en cuenta su gran litoral marítimo y la importancia de los recursos pesqueros para nuestro país”, expresa el dictamen que aprobaron los senadores la semana pasada.
“Cabe tener presente que nuestra pesca se realiza bajo una estricta regulación y sin el otorgamiento de subvenciones”, aclara y puntualiza que “quienes pescan libremente en altamar, tal como lo permite la CONVEMAR, pero con la obtención de subvenciones, realizan la actividad sin atender los costos ni los contextos ambientales o de mercado, razón por la cual pueden vender sus capturas a valores muy bajos. Esto presiona los precios de mercado a la baja y ocasiona que las empresas de nuestro país se enfrenten a una competencia desleal que generalmente resulta antieconómica, escenario somo comprensible debido a la distorsión que generan las subvenciones”, agrega.
PROTEGER LA SEGURIDAD DE TRIPULACIONES
Por otro lado, se dio media sanción y giró a Diputados, el denominado Acuerdo de Ciudad del Cabo (CTA) de 2012 -adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI)- que describe los estándares relacionados con los buques pesqueros e incluye otras regulaciones creadas para proteger la seguridad de tripulaciones y observadores, y brindar un marco de igualdad para la industria. El acuerdo entrará en vigor una vez que 22 países con un total combinado de 3.600 buques de pesca elegibles lo ratifiquen o se adhieran a él. Esto significa que los operadores de buques pesqueros deberán cumplir con los mismos requerimientos que otros buques marítimos y que se terminarán las prácticas que ponen en riesgo a las tripulaciones. Hasta que el CTA entre en vigor, no van a existir regulaciones globales obligatorias de seguridad para los buques pesqueros.
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