La Justicia Federal de R\u00edo Grande acept\u00f3 intervenir en una causa contra la pesca ilegal en el Atl\u00e1ntico Sur impulsada por la Fundaci\u00f3n Agustina Lerena -una organizaci\u00f3n no gubernamental ambientalista-, que demand\u00f3 por m\u00e1s de u$s26.000 millones a una red de compa\u00f1\u00edas vinculadas a la actividad en la regi\u00f3n. Las firmas operan bajo la autorizaci\u00f3n de la administraci\u00f3n colonial brit\u00e1nica de las Islas Malvinas.<\/p>\n\n\n\n
Mariel E. Borruto, jueza federal de R\u00edo Grande, reconoci\u00f3 la competencia del juzgado y la legitimaci\u00f3n de los demandantes para impulsar una demanda contra empresas pesqueras por presunto da\u00f1o ambiental, pero resolvi\u00f3 que la causa no se tramite como amparo, sino mediante un proceso ordinario.<\/p>\n\n\n\n
La magistrada consider\u00f3 que el caso involucra la protecci\u00f3n del ecosistema marino y de especies que habitan o se desplazan por la Zona Econ\u00f3mica Exclusiva Argentina, incluidas las aguas pr\u00f3ximas a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. A la vez, sostuvo que el da\u00f1o denunciado tiene car\u00e1cter interjurisdiccional.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s all\u00e1 de haber dado el primer paso, de momento la Justicia todav\u00eda no se pronunci\u00f3 sobre el fondo de la denuncia ni sobre la cautelar que busca frenar las actividades cuestionadas. El pr\u00f3ximo paso ser\u00e1 resolver ese pedido una vez incorporados los informes requeridos.<\/p>\n\n\n\n
Previamente, el fiscal federal de R\u00edo Grande, Marcelo Rapoport, dictamin\u00f3 a favor de admitir la demanda y recomend\u00f3 hacer lugar a la medida cautelar para frenar la actividad de las flotas denunciadas en aguas de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.<\/p>\n\n\n\n
Entre los principales argumentos, consider\u00f3 que la actividad denunciada provoca un da\u00f1o ambiental “profundo, sist\u00e9mico y, en muchos casos, irreversible” en el Atl\u00e1ntico Sur. Seg\u00fan el planteo de la demanda, las empresas operan sin autorizaci\u00f3n de la autoridad argentina y al margen de las normas nacionales de conservaci\u00f3n pesquera y ambiental.<\/p>\n\n\n\n
En paralelo, destaca que las especies capturadas en aguas de Malvinas tambi\u00e9n habitan la Zona Econ\u00f3mica Exclusiva Argentina y forman parte de un mismo ecosistema y de una cadena alimentaria compartida, por lo que considera que la actividad pesquera “tiene consecuencias que exceden el \u00e1rea donde operan los buques”.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia hab\u00eda sido presentada por el especialista y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, C\u00e9sar Lerena, con patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, e incluye un reclamo econ\u00f3mico que oscila entre u$s12.351 millones y u$s26.465 millones, seg\u00fan el criterio de valuaci\u00f3n de las capturas utilizado.<\/p>\n\n\n\n
Apunta, principalmente, contra firmas espa\u00f1olas, sociedades mixtas relacionadas con capitales isle\u00f1os y empresas argentinas presuntamente vinculadas con las operaciones, adem\u00e1s de bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios.<\/p>\n\n\n\n
El escrito sostiene que la explotaci\u00f3n de los recursos se desarrolla sin autorizaci\u00f3n argentina al menos desde 1989 y que esa actividad genera perjuicios ambientales, econ\u00f3micos y sociales. En esa l\u00ednea, solicita que la Justicia ordene el cese de las operaciones de las compa\u00f1\u00edas demandadas en las aguas en disputa y las condene a reparar los da\u00f1os denunciados.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo al documento, el monto reclamado se calcul\u00f3 a partir de las capturas pesqueras registradas entre 1989 y 2025. La diferencia entre los extremos de la estimaci\u00f3n responde a la metodolog\u00eda de valuaci\u00f3n: la parte actora contempla tanto precios FOB como valores mayoristas, y solicita adem\u00e1s intereses, actualizaci\u00f3n y costas.<\/p>\n\n\n\n
Para fundamentar el reclamo, la presentaci\u00f3n invoca el art\u00edculo 41 de la Constituci\u00f3n Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922, adem\u00e1s de la resoluci\u00f3n 31\/49 de las Naciones Unidas y estad\u00edsticas e informes t\u00e9cnicos, entre ellos los del Instituto Nacional de Investigaci\u00f3n y Desarrollo Pesquero (INIDEP).<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, cuestiona las licencias pesqueras otorgadas por las autoridades isle\u00f1as, incluidas renovaciones por per\u00edodos de 25 a\u00f1os, y determinados esquemas societarios con participaci\u00f3n mayoritaria de capitales vinculados a las islas.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: \u00c1mbito<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Justicia Federal de R\u00edo Grande acept\u00f3 intervenir en una causa contra la pesca ilegal en el Atl\u00e1ntico Sur impulsada por la Fundaci\u00f3n Agustina Lerena -una organizaci\u00f3n no gubernamental ambientalista-, que demand\u00f3 por m\u00e1s de u$s26.000 millones a una red de compa\u00f1\u00edas vinculadas a la actividad en la regi\u00f3n. Las firmas operan bajo la autorizaci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":11154,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[9,10],"tags":[2497,91,1752,466],"class_list":["post-17994","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-actualidad","category-featured","tag-denuncia","tag-featured","tag-malvinas","tag-pesca-ilegal"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t