La provincia de Tierra del Fuego formalizó una denuncia por “pesca ilegal” en aguas argentinas cercanas a las Islas Malvinas; “son aguas provinciales”, argumentan. El gobierno de Gustavo Melella envió cartas con advertencias a las embajadas en Argentina de Corea del Sur y de España, por un lado y a la de República Popular China, por el otro, sobre la exploración y la explotación de los recursos naturales alrededor de Malvinas.
En un nuevo capítulo del conflicto por la soberanía y la explotación de recursos en el Atlántico Sur. A través de un sistema de monitoreo satelital, autoridades provinciales identificaron buques de bandera española, coreana y taiwanesa operando dentro de las 12 millas náuticas, espacio que, según la legislación argentina, forma parte de su jurisdicción exclusiva.
Además, la provincia amenazó a las empresas a través de estas misivas a sus respectivos gobiernos, con endurecer el régimen de sanciones para quienes considere que están pescando de manera ilegal.
Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de Tierra del Fuego, explicó que el avance tecnológico permitió detectar en tiempo real la presencia de estos barcos, cuyos datos -incluyendo rutas, tripulación y empresas responsables- fueron compartidos con las embajadas de los países involucrados.
“Estos buques actúan con licencias ilegítimas otorgadas por el gobierno británico, lo que no solo saquea nuestros recursos, sino que sostiene económicamente la ocupación de las islas”, afirmó.
El conflicto se enmarca en una tensión más amplia entre la política fueguina y el gobierno nacional. Dachary criticó el reciente acuerdo de cooperación pesquera firmado por la Cancillería argentina con el Reino Unido, calificándolo de “incomprensible” frente a la “invasión y militarización británica”. “Mientras la Nación negocia con quien nos despoja, nosotros defendemos lo que la Constitución nos mandata”, señaló.
Este reclamo provincial -el primero de su tipo en materia pesquera- podría escalar a foros internacionales, dada la resolución 3149 de la ONU que prohíbe actividades económicas no autorizadas por Argentina en la zona.
Mientras tanto, Tierra del Fuego insiste en que la defensa de sus aguas no es solo un acto administrativo, sino un paso clave para desmantelar el sostén económico de lo que considera “una ocupación colonial”.
